Por Soledad Castro Castro
Casos críticos de contaminación ambiental están vivenciando los habitantes de cuatro zonas de Chile: Tocopilla/Mejillones (Región de Antofagasta), Huasco (Región de Atacama), Puchuncaví-Quintero (Región de Valparaíso) y Coronel (Región del Bío Bío). En estas mal llamadas, “zonas de sacrificio ambiental”, los derechos de las personas son vulnerados a vista y paciencia/cómplice de todos. “Mal llamadas”, porque analizando el significando profundo de esto, cuesta entender de donde surge la idea de tener que sacrificar el calidad de vida de algunos por el beneficio de otros.
Al respecto surgen las siguientes cuestiones ¿Será pertinente que en el Chile del siglo XXI, con todos los adelantos científicos/tecnológicos que existen, estemos vivenciando hechos de esta naturaleza? ¿Cómo es posible que el Estado de Chile a través de sus políticas aún no sea capaz de resguardar el derecho de todas las personas de vivir en ambientes que permitan su desarrollo integral?
Considerando los hechos, es posible constatar que los gestores de políticas públicas no han sido capaces de anticipar y abordar el derecho constitucional expresado en el inciso 8º del artículo 19 de la Constitución Política, que plantea que toda persona tiene el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y que es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. Referente a esto, ¿Por qué los últimos gobiernos no fueron capaces de anticipar estas vulneraciones graves de derechos? ¿El bienestar integral de las personas ha sido prioridad en los enfoques de políticas públicas de los últimos años?
Un informe del Programa para las Naciones Unidas, publicado en el 2017 llamado “Chile en 20 años, un recorrido sobre los índices de desarrollo humano” establece dentro de sus conclusiones, que Chile ha tenido éxito en indicadores objetivos en materia económica, como bajos índices de inflación, aumento de los ingresos per cápita y disminución la pobreza. Esto éxitos, según el informe, han generado nuevos desafíos en relación a: la igualdad de ingresos, de género y territorial. Así, el IDH 1998 describía a Chile como “un país con un notable desarrollo económico, donde la gente no se siente feliz”. Esta sensación de “infelicidad” es explicada en base a la percepción de inseguridad e incertidumbre en ámbitos centrales de la vida cotidiana como la delincuencia o la enfermedad, entre otros aspectos.
“Así se inauguró la reflexión sobre el malestar en la sociedad chilena, un malestar que se asoció en parte a la erosión de los vínculos comunitarios y que corroboró la idea de que la integración sistémica no asegura por sí sola la integración social” (PNUD, 2017 p. 18).
Sabemos y creemos que es posible equilibrar el desarrollo económico con el desarrollo humano a través del diseño y gestión de políticas públicas que generen conciencia plena de que el desarrollo económico, el desarrollo político y el desarrollo tecnológico están al servicio del desarrollo humano de todas las personas.
Si analizamos estos graves hechos desde un prisma educativo, teniendo como base que el deber ser de la Educación en cual consiste en desarrollar procesos de aprendizaje en todas las etapas de la vida de las personas y su propósito es que todas las personas alcancen un desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas, sentimos que el sentido de la educación en estos casos, ha fracasado.
La posibilidad y la esperanza surge a través del ejercicio de la buena Educación, esa que utiliza como herramienta pedagógica de excelencia el modelamiento (demostrando con el ejemplo) los aprendizajes que queremos lograr.
El llamado para los que diseñan y gestionan las políticas públicas es a resolver estas situaciones graves de vulneraciones de derechos, con acciones que demuestren/enseñen justicia, equidad, solidaridad y respecto. Porque de alguna u otra manera todos enseñamos desde el rol social que tenemos.