Las recientes discusiones sobre políticas educativas, han revelado un estancamiento en los avances educativos para la mejora de los aprendizajes para todos. La causa de esto hipotéticamente se puede establecer en base a dos ideas, la primera debido a la poca participación de la ciudadanía y de los actores escolares en la discusión política, y la segunda debido a una debilitada visión conjunta y liderazgo en los distintos niveles del sistema sobre temas educativos. Esto queda demostrado en la falta de articulación y coherencia observada entre las iniciativas recientemente discutidas (Admisión justa y Ley Machuca) y las políticas públicas educativas vigentes.
Con el sentido de volver a impulsar el avance sobre políticas educativas para el equilibrio social desde la escuela se escribe este artículo, que tiene por objetivo dar a conocer la importancia de fortalecer y diseñar políticas educativas centradas en el núcleo pedagógico en primer lugar y además desarrollar un análisis de la una de políticas educativas más importantes del último tiempo, la Ley de Inclusión (Ley 20.845, 2015).
Richard Elmore profesor de la escuela de posgrado en educación de la Universidad de Harvard, especialista en reformas educativas, plantea que las políticas dirigidas a mejorar el calidad de la enseñanza que se imparte dentro de la sala de clases, son las que evidencian mayor impacto en el aprendizaje (Elmore, 2010). Para este autor las políticas educativas deben dirigirse hacia el fortalecimiento del “núcleo pedagógico” que ubica dentro del aula. Este núcleo pedagógico se compone por 4 elementos: alumno, profesor, contenido y la tarea. Según su planteamiento, los incrementos en los aprendizajes de los alumnos ocurren sólo como consecuencia de las mejoras en el nivel de las competencias (conocimientos-habilidades y actitudes) de los profesores, de los contenidos (curriculum) y del compromiso de los alumnos. Para este autor la “verdadera rendición de cuentas” se centra a nivel de las “experiencias de aprendizajes” o tareas con las cuales se desafía el ingenio y se descubre el talento del alumno.
En el contexto educativo chileno el marco político recientemente estructurado, se encuentra fundamentado en la política de inclusión (Ley 20.845, 2015). Esta política tiene por objetivo fundamental asegurar aprendizajes de calidad a todos sus estudiantes sin importar el ingreso económico familiar ni las diversas necesidades educativas que puedan presentar los estudiantes. Sus ejes centrales son fin al lucro, fin a la selección y gratuidad. Estos ejes se sustentan bajo los siguientes principios planteados textualmente en la ley:
a) Gratuidad; b) Diversidad (respeto a la diversidad de procesos y de proyectos educativos institucionales, la diversidad cultural, religiosa y social de las familias); c) Responsabilidad de los alumnos especialmente en relación con el ejercicio de sus derechos y sus deberes escolares, cívicos, ciudadanos y sociales. Este principio se hará extensivo a los padres y apoderados en relación con la educación de sus hijos o pupilos; d) Flexibilidad, es decir adecuación del proceso educativo a la diversidad de realidades; e) Integración e Inclusión, es decir eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de los estudiantes. Los establecimientos son comprendidos como un lugar de encuentro entre los estudiantes con distintas condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, nacionalidad o religión; f) Sustentabilidad, es decir respeto al medio ambiente natural y cultural, buena relación y el uso de racional de los recursos naturales y su sostenibilidad con las actuales y futuras generaciones; g) Dignidad del ser humano, es decir el sistema debe asegurar orientación hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y debe fortalecer el respeto, protección y promoción de los derechos humanos y las libertades; h) Educación integral o desarrollo puntos de vita alternativos en la evolución de la realidad y de las formas múltiples de conocer, considerando además, los aspectos físicos, social, moral, estético, creativo, y espiritual, con atención especial a la integración de todas las ciencias, artes y disciplinas del saber (Art.1°, Ley 20.845).
Esta ley además mandata como deber del Estado el desarrollo de iniciativas políticas que aseguren que todas las personas reciban una educación inclusiva y de calidad y de generar las condiciones necesarias para el acceso y permanencia de los estudiantes con diversas necesidades educativas en los establecimientos. Así mismo, enfatiza que son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos, informarse, respetar, y contribuir a dar cumplimiento al proyecto educativo, a la normas de convivencia y de funcionamiento del establecimiento que elijan para éstos, apoyar sus procesos educativos, cumplir con los compromiso asumidos con el establecimiento educacional, respetar la normativa interna, y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa.
Para abordar los desafíos de la calidad educativa en la inclusión y en la diversidad, es necesario poner sobre la mesa las siguientes cuestiones ¿cómo fortalecemos el compromiso y la motivación de alumnos con el proceso pedagógico? ¿cómo formamos desde la escuela la responsabilidad y el compromiso? Se hace necesaria esta reflexión debido a que un principio fundamental de la inclusión se relaciona con la responsabilidad de los alumnos y apoderados con el proceso pedagógico. Desde aquí también surge lo siguiente ¿qué papel ha cumplido el Estado en el fomento de la responsabilidad familiar/social con el proceso educativo?
El planteamiento teórico presentado al inicio es enfático en plantear que la mejora en los aprendizajes escolares pasa por el desarrollo de políticas educativas centradas en el fortalecimiento de todos los elementos del núcleo pedagógico, es decir en el fortalecimiento de las competencias profesionales de los docentes, la actualización o mejora curricular y el compromiso estudiantil.
A nivel docente es sabido que gran parte de los problemas educativos de muchos establecimientos insertos en contextos de diversos se originan por la falta de responsabilidad, compromiso y motivación de los alumnos y sus familias. Referente a esto, existen planteamientos teóricos que establecen que la trasformación hacia una mejor sociedad se puede iniciar en la escuela, pero para que esto suceda, es necesario seguir potenciando iniciativas políticas que fortalezcan los elementos del núcleo pedagógico, con especial énfasis en el desarrollo de iniciativas que fortalezcan la participación, el compromiso, motivación y esfuerzo de los estudiantes hacia su proceso de aprendizaje, a través del fortalecimiento del liderazgo a nivel estudiantil.
Autora: Soledad Castro Castro
Referencias Bibliográficas
Richard Elmore (2010). Mejorando la escuela desde la sala de clases. Área de Educación Fundación Chile.
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